El Gobierno ha aprobado el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, con el que busca promover la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, mediante la implementación de nuevas medidas. Esta iniciativa, aprobada el pasado 27 de junio en el Consejo de Ministros, entra en vigor el 30 de junio de 2023 y cumple con la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, emitida el 20 de junio de 2019, relacionada con la conciliación de la vida familiar y laboral de los progenitores y cuidadores.
Entre las medidas más destacadas se encuentra la implementación de un nuevo permiso parental no retribuido (por lo que el trabajador no percibirá un salario durante el tiempo de duración del permiso) para el cuidado de hijos o menores adoptados, que podrá disfrutarse hasta que el menor cumpla 8 años. Este permiso, de hasta 8 semanas de duración, podrá ser utilizado de manera flexible y no será transferible.
Además, se amplía el derecho a adaptar la jornada laboral para aquellas personas que tengan a su cargo hijos mayores de 12 años, cónyuges o parejas de hecho, familiares de hasta segundo grado de consanguinidad y otras personas dependientes que vivan en el mismo domicilio y requieran cuidados.
El RDL también establece permisos remunerados para situaciones específicas:
- 5 días por accidentes, enfermedades graves, hospitalizaciones o intervenciones quirúrgicas sin hospitalización que requieran reposo domiciliario. Este permiso también se extiende a las personas que convivan con el trabajador en el mismo domicilio y a los familiares consanguíneos de la pareja de hecho.
- 4 días retribuidos para situaciones de fuerza mayor que requieran la presencia inmediata en casos de enfermedad, accidente o fallecimiento del cónyuge.
- 15 días naturales en el caso de registro de parejas de hecho.
Estas nuevas medidas también incluyen garantías para evitar que los trabajadores y trabajadoras sufran perjuicios como consecuencia del ejercicio de sus derechos de conciliación. Se establece que cualquier trato desfavorable a hombres o mujeres por ejercer estos derechos será considerado discriminación por razón de sexo.
Con estas medidas, el Gobierno busca fomentar la igualdad de oportunidades y la conciliación de la vida personal y laboral, proporcionando a los trabajadores y cuidadores los recursos necesarios para poder atender sus responsabilidades familiares sin poner en riesgo su empleo o su bienestar.