La Agencia Tributaria está llevando a cabo un control masivo sobre los despidos de trabajadores cercanos a la jubilación. Este control se debe a sospechas de que algunos despidos podrían encubrir acuerdos entre la empresa y el trabajador para simular un despido improcedente y así pagar una indemnización que le permita al empleado mantenerse hasta su jubilación, evitando reclamar su cese
Expertos en derecho laboral señalan que para la Agencia Tributaria la diferencia entre un despido y un acuerdo es crucial en términos fiscales. Mientras que las indemnizaciones por despido están exentas de tributación en el IRPF hasta cierto límite, las cuantías pagadas por un cese de mutuo acuerdo sí deben tributar, con multas que pueden ser significativas.
Esta vigilancia se ha intensificado debido al «edadismo» en el mercado laboral, donde las empresas tienden a despedir trabajadores mayores para reemplazarlos por personas más jóvenes y familiarizadas con las nuevas tecnologías. Según abogados consultados, Hacienda está inspeccionando tanto a empresas como a trabajadores para garantizar que no se trate de despidos improcedentes, sino de acuerdos que permiten al empleado mantenerse con la indemnización hasta jubilarse.
Ante esta situación, los abogados recomiendan a las empresas documentar adecuadamente los despidos para demostrar que la indemnización no está destinada a sustentar al trabajador hasta su jubilación.
Este tipo de vigilancia por parte de Hacienda no es nuevo. Se inició después de la crisis de 2012, cuando hubo numerosos despidos, acuerdos y bajas incentivadas. Durante ese período, más de 1,5 millones de personas se vieron afectadas por Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). La Agencia Tributaria cuestionaba la autenticidad de los despidos individuales, especialmente en casos de altos directivos con grandes indemnizaciones, y también dudaba de que los ERE no incluyeran acuerdos individuales con algunos trabajadores.