En los últimos meses, la Inspección de Trabajo ha puesto el foco en una práctica bastante habitual en muchas empresas: los despidos “pactados” en la fase final de la vida laboral, especialmente cuando el trabajador está próximo a la jubilación.


Se trata de situaciones en las que empresa y trabajador acuerdan la extinción del contrato para facilitar el acceso a prestaciones, como el desempleo o incluso la jubilación anticipada. Aunque durante años ha sido una vía utilizada con cierta normalidad, el contexto actual ha cambiado y el nivel de control es mucho mayor.

La Inspección no solo revisa si el despido cumple formalmente los requisitos legales. Ahora va un paso más allá y analiza el contexto en el que se produce. Por ejemplo, puede levantar sospechas que se repitan despidos en trabajadores de cierta edad o que existan acuerdos previos o negociaciones informales. Es decir, ya no basta con que el despido esté bien documentado: también debe responder a una causa real y justificable.

Lo que antes era una herramienta relativamente común, hoy se ha convertido en un foco de riesgo para las empresas. La Inspección busca detectar posibles situaciones en las que, bajo la apariencia de un despido, exista en realidad un acuerdo para obtener prestaciones de forma indebida. Además, si no se puede justificar adecuadamente la decisión, podría interpretarse incluso como una práctica discriminatoria por razón de edad.

Las consecuencias de una actuación inspectora pueden ser importantes y van más allá de una sanción económica. Entre otras, pueden implicar multas elevadas por infracciones muy graves, que el despido sea calificado como improcedente o nulo, la obligación de readmitir al trabajador, regularizaciones en Seguridad Social con recargos o la revisión de prestaciones indebidamente percibidas.

En este escenario, no se trata de dejar de utilizar los despidos cuando sean necesarios, sino de hacerlo con coherencia, rigor y un buen soporte documental. Hoy más que nunca, no solo es importante que el despido sea válido, sino que sea plenamente defendible ante una posible inspección.