En la presente publicación, abordaremos el tema de los «poderes de ruina». Para contextualizar, imaginemos una situación en la que una persona, ya sea por edad avanzada, enfermedad o accidente, pierde la capacidad plena para tomar decisiones en su propio nombre. En tales circunstancias, la toma de decisiones se vuelve complicada y tediosa, ya que a menudo la única alternativa viable implica iniciar procesos burocráticos y judiciales que pueden prolongarse durante años.

¿Qué son los poderes de ruina?

Como medida preventiva, es posible recurrir a la elaboración de poderes notariales, conocidos como poderes de ruina. Estos documentos nos permiten anticiparnos a escenarios desagradables que podemos percibir como inevitables, especialmente en casos de envejecimiento de un familiar cercano. La creación de estos poderes otorga la posibilidad de  designar representantes legales para actuar en nombre de la persona afectada en momentos en que su capacidad de toma de decisiones se ve comprometida.

Esta herramienta legal proporciona una vía para facilitar trámites y agilizar el proceso de toma de decisiones, evitando demoras burocráticas. Al abordar estos poderes de manera preventiva, se puede brindar una mayor tranquilidad a las personas y sus familias, permitiendo una gestión más eficiente de asuntos legales y financieros en situaciones que de otra manera podrían resultar abrumadoras. En este contexto, es esencial considerar la planificación anticipada como una estrategia para garantizar la protección y bienestar de los individuos en momentos de vulnerabilidad.

¿Por qué es recomendable hacer un poder de ruina?

Cuando tenemos conocimiento de que una persona allegada, familiar o amiga, tiene un proceso inicial de deterioro cognitivo, es el momento de realizar un poder de ruina. En este primer momento, la persona que otorga el poder todavía tiene pleno conocimiento de sus facultades y de forma voluntaria puede otorgar dicho poder a personas de su total confianza, generalmente, hijos.

Lamentablemente cada vez más a menudo, las personas mayores tienen que recurrir a costosos gastos en residencias de mayores, estando la mayoría de sus ahorros depositados en cuentas bancarias o inmuebles. Es en este momento es cuando mayor utilidad tienen este tipo de poderes, para poder actuar de forma ágil y así tomar decisiones que en caso contrario llevarían mucho tiempo en los juzgados.

¿Qué consecuencias tienen?

Conceder este tipo de poderes notariales es una práctica común que, en apariencia, involucra a personas de confianza. Sin embargo, esta acción puede tener consecuencias legales graves, llegando incluso a ocasionar pérdidas financieras o llevar a la ruina. Aunque no existe un poder notarial oficialmente llamado «de ruina», algunos poderes generales y preventivos pueden llegar a tener este efecto.

La Ley 8/2021 ha eliminado la figura del incapacitado y del tutor, introduciendo medidas de apoyo a la discapacidad para evitar daños patrimoniales. A pesar de ello, la firma de estos poderes sigue teniendo riesgo. Se distinguen tres tipos principales de poderes notariales: específico (para acciones particulares), general o de ruina (con amplias facultades) y preventivo (para discapacidad severa).

Es importante reflexionar antes de otorgar un poder preventivo, ya que, aunque puede revocarse judicialmente, otorga amplios márgenes de maniobra, por ello se aconseja hacerlo solo en casos concretos y a personas de mucha confianza.

Estos poderes de ruina permiten realizar diversos amplios actos, como compraventas, disposiciones de dinero, …, vinculando al otorgante con las acciones del apoderado. Se suelen otorgar entre familiares, estableciendo medidas de control para evitar abusos.

El notario puede personalizar legalmente el poder según las necesidades del otorgante, destacándose el aumento de poderes preventivos en familias con personas mayores. Es crucial entender el documento firmado y, en caso de mal uso, la revocación puede corregir el abuso mediante la intervención judicial.

En resumen, los «poderes de ruina» ofrecen una herramienta valiosa para anticiparse a situaciones complicadas, especialmente ante el envejecimiento de familiares cercanos. Aunque útiles, otorgar estos poderes conlleva riesgos legales graves, destacando la importancia de reflexionar antes de hacerlo y comprender plenamente sus implicaciones para evitar consecuencias negativas.